El CPR se aplica a todos los productos de cables destinados a su uso en obras de construcción y que estén sujeto a requisitos de rendimiento relativos a su reacción y/o resistencia al fuego.
Esta norma armonizada se aplica desde el 10 de junio de 2016, con un período de coexistencia vigente hasta el 1 de julio de 2017.
Actualmente, antes de introducir un producto en el mercado, los fabricantes tienen la obligación legal de redactar una declaración de prestaciones (DdP) que identifica el producto y detalla su uso previsto y sus características de reacción al fuego.
En este proceso participan organismos de certificación de productos y laboratorios de ensayo notificados.
Los productos introducidos en el mercado deben incluir el marcado CE y la categoría de rendimiento en la etiqueta del producto.
La mayoría de las nuevas obligaciones en virtud del CPR recaen en los fabricantes; no obstante, los importadores y distribuidores también desempeñarán un importante papel, ya que se les exige tomar las medidas apropiadas para garantizar que solo comercializan productos que cumplan con el CPR.